Revista de Derecho Universidad de Concepción, Vol. En este caso, la compensación podría producirse por un acuerdo entre la entidad sujeta a un régimen privado de contratación y el contratista sancionado en el momento de la liquidación del contrato. De hecho, esta exigencia se flexibilizó en la reciente reforma francesa del derecho de obligaciones y contratos, en la cual la obligación se considera que es "determinada o determinable", cuando la misma pueda deducirse del contrato, de los usos o de anteriores relaciones de las partes (Bercovitz Rodríguez-Cano, 2016, pp. Última revisión legal: 28/12/2022. 90 a 93 y 399-Bis, LFT) . Ha suscitado dudas el art. Esta fue justamente la posición asumida por el Consejo de Estado en su sentencia de 19 de agosto de 2004, en la que explícitamente parte de la teoría del Larroumet (Exp. Hablamos de «incumplimiento resolutorio » para referirnos al remedio legal que ofrece el ordenamiento jurídico al contratante perjudicado por el incumplimiento de contrato de la otra parte. El derecho hispánico y el germánico tienen una concepción homogénea de la cláusula penal de apremio, como una sanción contractual accesoria, dirigida a conseguir el cumplimiento cabal de la obligación u obligaciones principales. Sentencia de 20 de febrero sobre Exp. Con relación a las multas, el Decreto 222 de 1983 señalaba: ARTICULO 71. Las prerrogativas de la Administración Pública en la contratación pública. Sección Tercera. II. ): Sanciones Administrativas, X Jornada de Derecho Administrativo, Asociación de Derecho Administrativo (ADA). Abogado, Pontificia Universidad Javeriana y Universidad del País Vasco. 1594 y 1595.1, C.C.). El contrato de promesa. 1748). Teoría de las obligaciones. Sentencia de 20 de octubre, Exp. En un primer momento, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo español (TS) manifestó que, "(...) las consecuencias de una cláusula penal integrada en un contrato no constituyen una manifestación del derecho sancionador (...). Los patrones pueden conceder a sus trabajadores días adicionales a los señalados, de conformidad con sus políticas de prestaciones y compensaciones, sus contratos individuales y colectivos, o de su reglamento interior de trabajo. 14202). Nro. (Santiago, 10 diciembre 2021). 21574. (2001). Esta posición fue inmediatamente acogida por las Salas de lo Conten-cioso-Administrativo de los Tribunales Superiores del País Vasco (TSJ del País Vasco, Sentencia 756/2005, FJ 2.°), así como el de la Comunidad Valenciana (TSJ de la Comunidad Valenciana, Sentencia 1044/2008, FJ 2.°), y el de Castilla-León, que reiteradamente ha indicado que las penalidades tienen "en abstracto, la finalidad lógica de compeler alcontratista al cumplimiento del plazo final de ejecución de la obra" (TSJ de Castilla-La Mancha, Sentencia de 23 de julio de 2010, Rec. (2017). Señalamos que la parte cumplida puede exigir una u otra cosa, nunca las dos cosas al tiempo, pero si la opción elegida fracasa, puede intentar la otra. Sentencia de 22 de febrero. En primer lugar, el Consejo de Estado aclaró que para que se produzca un acto administrativo debe existir una habilitación legal o, en caso contrario, se generarían relaciones de poder contrarias al Estado de derecho. JURISPRUDENCIA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA SOBRE LAS MULTAS EN LOS CONTRATOS ESTATALES. En caso de incumplimiento del contrato por parte de arrendador, lo más recomendable es que las partes pueden llegar a un acuerdo respecto a la indemnización y pagar al arrendatario en caso de incumplimiento de lo pactado en el contrato. Como se desprende de los dictámenes precitados, para el órgano contralor, cuando se contrata con la Administración, se forma un vínculo contractual con el particular, el que, a partir de ese momento, pasa a regirse por una relación de igualdad y equivalencia, en donde cada parte ejercería derechos y acataría obligaciones, pero no existiría un ejercicio de potestad pública por parte de la Administración contratante. Bogotá: Ediciones Doctrina y Ley. 213 y 251; Medina Alcoz, 2014, p. 68). Posteriormente, en sentencia de 13 de noviembre de 2008, el Consejo de Estado indicó que "la imposición de sanciones contractuales, por parte de la Administración, tiene naturaleza correctiva, pues pretende instar al obligado a cumplir los compromisos adquiridos" (Exp. Los campos obligatorios están marcados con, Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, https://dx.doi.org/10.29393/rd249-2acrg10002, https://revistas.uchile.cl/index.php/RDPU/article/view/37283. Cualquier otra materia que no contradiga disposiciones de la Ley de Compras y el Reglamento.”. VII. Un ejemplo de lo anterior se encuentra en el caso resuelto por el Consejo de Estado mediante sentencia de 16 de junio de 2011, en el que este tribunal señaló que "(...) para que se extinga una obligación por el modo de la compensación, los artículos 1714 y 1715 del C. C. exigen que dos personas sean deudoras una de otra y, por eso, la compensación opera por el solo ministerio de la ley y aún sin conocimiento de los deudores" (énfasis añadido), siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el Código Civil, a los cuales se hizo referencia anteriormente. En sentencia de 30 de julio de 2008, el Consejo de Estado realizó un análisis de la anterior sentencia y formuló algunas precisiones. Un candado ( A locked padlock ) o https:// significa que usted se conectó de forma segura a un sitio web .gov. Lo anterior con el fin de que las entidades del Estado sometidas al derecho privado tengan claridad sobre cómo aplicar estas facultades. Lledó Veloso, C. & Pardo Donoso J. Exp. EFECTOS DEL INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE COMPRAVENTA. Mientras, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo español y la doctrina de ese país, en coherencia con el sistema civilistahispánico, entienden que estas cláusulas no buscan más que compeler al contratista a cumplir la obligación principal pactada. Nro. Disponible en: https://dx.doi.org/10.29393/rd249-2acrg10002. Sección Tercera. 3, Ley 80/1993). (1993). Sala de lo Contencioso Administrativo. 1595 C. C. "Háyase o no estipulado un término dentro del cual deba cumplirse la obligación prin cipal, el deudor no incurre en la pena sino cuando se ha constituido en mora, si la obligación es positiva". Vemos entonces que la Ley 80/1993 buscó abolir la imposición desmesurada de multas contractuales que se presentaba antes de su entrada en vigencia, por lo que eliminó su inclusión forzosa en los contratos estatales. Ley N° 19.880 de Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado, de 2003. 13 y 16, Ley 1150), así como algunas empresas industriales y comerciales del Estado y ciertas sociedades de economía mixta (art. 31 de Mayo de 2017; Aprobado: 184-185). Luego es pertinente centrarse en el análisis del sistema español, por su semejanza al nuestro tanto en la regulación de la fase de ejecución de los contratos estatales como en la de la cláusula penal de apremio. No obstante, entendió que: Con base en el principio de la igualdad absoluta de las partes en el contrato de derecho privado, ninguna de ellas puede arrogarse el privilegio de multar directamente a la otra por supuestos o reales incumplimientos de sus prestaciones debidas, dado que no se puede ser Juez y parte a la vez en dicha actividad negocial. “Sin embargo, se trata de una aplicación parcial que no permite el recurso a otras instituciones del derecho civil”[5]. A estas se añaden las prerrogativas de suspensión de los contratos, así como las de dirección, inspección y control (art. El art. Adicionalmente, en nuestro ordenamiento, así como en el español, la Administración cuenta con facultades análogas de imponer multas que hayan sido pactadas en caso de incumplimiento o cumplimiento defectuoso del contrato, pudiendo hacerse efectivas directamente por decisión de la entidad u órgano contratante mediante deducción de las cantidades debidas, compensación o cobro de la garantía (art. Nro. 23. De esta forma, la doctrina alemana considera que se presume la culpa del deudor en el incumplimiento, mas no así en España, aunque sí se aceptan pactos de este tipo (Fuenteseca Degeneffe, 2011, pp. S-00357, C. P. Germán Rodríguez Villamizar. Por ende, si se pacta que ambas partes tienen los mismos poderes, "es decir, la entidad estatal y el contratista, no habría rompimiento alguno de la simetría posicional de las partes dentro del contrato, aspecto este que es de la esencia de las cláusulas excepcionales, y por esa vía finalmente también se llegaría a la satisfacción del interés individual del contratista sin que contara el interés general que es el que debe prevalecer". endobj [ Links ], Medina Arnáiz, T. (2014). Una de ellas, representada por la apreciación que tiene la CGR sobre las multas, cuyo contenido fue expuesto precedentemente, y la otra, sostenida por parte de la doctrina nacional y por alguna jurisprudencia de la Corte Suprema, que sostiene que las multas en realidad son sanciones administrativas y como tal, una expresión de la potestad sancionadora de la Administración, quedando sometidas al ius puniendi del Estado, de manera matizada. 2, C. C. A.; y art. La resolución por incumplimiento 4. Nro. 4392/1992. Está regulado en el artículo 1454 del Código Civil. Esto, sería particularmente grave desde el punto de vista del principio de legalidad, ya que al tener las multas su origen en las bases de licitación, la Administración sería libre para crear hipótesis infraccionales sin limitación alguna[9]. Esto, sin embargo, no implica que el monto tenga que estar determinado en un guarismo fijo, pues basta que este pueda liquidarse con una "operación matemática, sin estar sujeta a deducciones indeterminadas" (art. Sección Tercera. Nro. 3.2.6.1, Decreto 734/2012). Todas las materias relacionadas con la interpretación de disposiciones contractuales o el cumplimiento de obligaciones emanadas de un contrato constituyen por su propia naturaleza, controversias de carácter litigioso, cuyo conocimiento no le compete a Contraloría conforme al artículo 6º de la Ley 10.336. Sección Tercera. Sala de lo Contencioso Administrativo. Pero, en este ámbito, "deberá el juez establecer la responsabilidad del contratista incumplido, para luego deducir a su cargo la obligación de pagar el monto estipulado". En el derecho privado las multas son un acuerdo de las partes para protegerse de incumplimientos eventuales. %PDF-1.7 12.342, 2004; y, Exp. Para el autor, esto se desprende del artículo 14 de la Ley 80/1993, en el cual se establece como objeto exclusivo que la Administración tiene la dirección general y la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la ejecución del contrato. Por ejemplo, cuando se firma un contrato mercantil por un préstamo económico y el beneficiario del préstamo incumplecon el pago de la deuda. Un enfoque diferente de la cláusula penal se encuentra en el derecho anglosajón, en el que se permite la evaluación anticipada de daños y perjuicios, pero como son nulas las penas privadas (penalties), el asunto debe determinarse por el juez, teniendo en cuenta la intención de las partes y la desproporción de las penas. M. P. Enrique Gil Botero. Sala de lo Contencioso Administrativo. (Agosto, 2010). Teoría general del contrato, Vol. Bogotá: Autor. notoriamente incompleta. De las obligaciones con cláusula penal. Esta posición fue expresamente reiterada en Sentencia de 10 de febrero de 1990 (Roj: STS 1129/1990, FJ 1.°). M. P. José Duret Abeleira. Nro. Ambas, en todo caso hacen parte de las potestades exorbitantes del Estado, por lo que la imposición de multas y declaración de caducidad sin autorización expresa de la ley "vicia la decisión por falta de competencia" (Exp. El profesor Juan Carlos Flores, sustenta la idea de que el auxilio al derecho privado en el caso de las multas solo busca dotar a esa institución de un afán netamente instrumental, para que por esa vía se les aplique el plazo de prescripción de cinco años del Código Civil y no de seis meses como contempla el Código Penal. Incumplimiento de contrato de compraventa . La reforma francesa del derecho de obligaciones y contratos (2). 67-68; González-Varas Ibáñez, 2003, p. 452). El modelo francés, implementado también en España y Grecia, es comúnmente caracterizado por la intervención del derecho público tanto en la fase de adjudicación, así como en la de ejecución del contrato. Este tema sigue igual de vigente al 2 de septiembre 2022. 17009. C. P. Ramiro Saavedra Becerra. Concepto, estructura, vicisitudes (3ra. Sentencia de 21 de octubre sobre Exp. (2012). C.P. con el fin de analizar la regulación del incumplimiento con inclusión de cláusulas accidentales en contratos estatales que se rigen por normas de derecho privado. Pedro José Yagüe Gil. En el derecho británico, por su parte, se aplica incluso un principio de libertad de selección del contratista en la fase de adjudicación, bajo la rúbrica "contract with whomever they choose"5. El artículo 1371 del Código Civil, señala que la resolución deja sin efecto un contrato válido por causal sobreviniente a su celebración. [ Links ], Tribunal Supremo de España. En el caso de que estén incumpliendo con un contrato ya sea usted la parte natural, jurídica o comercial, solicite la asesoría de nuestros abogados en Colombia. Con esperas se hace referencia en el derecho francés a las prórrogas convencionales que, en definitiva, no son más que un nuevo plazo, con la misma eficacia del plazo original, por lo que -como señala Ospina Fernández- resulta redundante la referencia que a ellas se hace. En sentido similar, en el ordenamiento español las prerrogativas rompen el carácter sinalagmático de la relación contractual, pudiendo ser impuestas unilateralmente al contratista gracias a los privilegios de ejecutoriedad y ejecutividad de las actuaciones administrativas. La Sala de Casación Laboral, mediante sentencia SL2385-2018 precisa que la jurisdicción laboral y de la seguridad social es competente para conocer, no sólo de la solución de los conflictos relacionados con el cobro de honorarios causados, sino también de otras remuneraciones que tienen su fuente en el trabajo humano, llámense cláusulas penales, sanciones, multas,… Sala de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 10 de febrero sobre Roj: STS 1129/1990. Revista Derecho del Estado, 18, pp. [ Links ], Rodríguez Rodríguez, L. (2015). 13 y 15, Ley 1150/2007), los fondos de servicios educativos (arts. 2404/2003, FJ 5.°, énfasis añadido). Sección Tercera. Nro. Por lo que primero debe establecerse como se ha redactado estecontrato, y si existe alguna multa de carácter económico por el incumplimiento. Sistema de Información Científica Redalyc, Red de Revistas Científicas C. P. Stella Conto Díaz Del Castillo. Por otra parte, en pronunciamientos recientes, el Consejo de Estado ha avalado el pacto de cláusulas que, en principio, se considerarían excepcionales, en contratos suscritos por empresas prestadoras de servicios públicos que se rigen preponderantemente por el derecho privado. Derecho administrativo general y colombiano (19.a ed.). (2007). 1714, C. C.). Auto de 4 de junio sobre Exp. Dichas cláusulas pueden entenderse como: (i) una tasación anticipada de perjuicios; (ii) "una sanción convencional con caracterizada función compulsiva, ordenada a forzar al deudor a cumplir los compromisos por él adquiridos en determinado contrato"; o (iii) como una garantía (idem). 1 0 obj Nro. Foro: Revista de Ciencias Jurídicas y Sociales, 13, pp. Nro. [ Links ], República de Colombia. İstanbul'un en güvenli depolama firması olan firmamızı aşağıdaki adresten ziyaret edebilirsiniz : Los incentivos de las multas en los contratos estatales, - Linea nacional gratuita o servicio a la ciudadania: 01800 0520808, - Línea en Bogotá (Mesa de servicio): +57 601 7456788, Ubicado en la ventanilla de Atención / Radicación del piso 17 de Carrera 7 # 26 – 20 - Bogotá, Colombia, Lunes a Viernes de 08:00 a.m. a 05:00 p.m. -, Subdirección de Estudios de Mercado y Abastecimiento Estratégico, Minuta de contrato de prestación de servicios de una hoja, notificacionesjudiciales@colombiacompra.gov.co, Ver Política de Tratamiento de datos personales, Dirección: Carrera 7 No. Este carácter punitivo de la cláusula penal del derecho castellano trascendió a nuestro Código Civil. [ Links ], República de Colombia. Se trata entonces de instituciones análogas tanto en su concepción, como en sus efectos. (…) 3. (1965). Ahora bien, la facultad unilateral de las entidades estatales de imponer multas contractuales es "una capacidad de la entidad frente al contratista privado y no viceversa". 3Una regla similar se estableció en el art. 210, Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en adelante TRLCSP). Posteriormente, en la sentencia de 30 de abril de 2014, la Sala indicó que antes de la Ley 1150/2007 las entidades estatales no estaban autorizadas "para expedir actos administrativos mediante los cuales impusieran unilateralmente multas o declararan el incumplimiento del contrato, en caso de mora o de incumplimiento parcial de las obligaciones del contratista particular, esto es, sin necesidad de acudir al juez del contrato". Sala de lo Contencioso Administrativo. Nro. Visite, Un sitio oficial del Gobierno de Estados Unidos, Para proteger su privacidad, por favor no incluya ninguna información personal en sus comentarios. Nro. Tipos de incumplimiento de contrato. Éste no podrá reclamar al mismo tiempo la obligación principal y la pena, a menos que ésta hubiera sido estipulada para el simple retraso". Sentencia de 5 de marzo sobre Exp. [ Links ], Presidencia de la República. El Consejo de Estado colombiano considera que estas son una expresión de exorbitancia de la Administración, partiendo de un acentuado influjo de la doctrina francesa, así como de una visión antigua de la contratación privada y estatal, desde la cual se entiende que el derecho privado persigue la justicia conmutativa, mientras que el público busca la justicia distributiva. Temis. M. P. Celsa Pico Lorenzo, Fundamento Jurídico 5.°. De esta forma, comenzó a rechazarse la ejecución de tales pactos, cuando pudieran dar lugar a una "injusta, extravagante e irrazonable cuantificación de los daños derivados del incumplimiento" (Castro de Vitores, 2009, pp. . En M. Yzquierdo Tolsada (Dir. Sentencia de 29 de abril. art. Sin embargo, el Consejo de Estado asumió que la facultad de imponer y cobrar multas contractuales había nacido con la expedición de la Ley 1150/2007, no que esta solo le había dado el correspondiente reconocimiento. Aquélla se dice vender y ésta comprar. Nro. DERECHOS DEL COMPRADOR. (1994). Primera edición. 17, Ley 1150/2007) no supuso, en principio, un cambio significativo en esta materia. Sentencia de 13 de noviembre sobre Exp. Para la Sala, las multas no cuentan con una regulación propia en el derecho privado, pero se asemejan a las cláusulas penales, que también son una forma de regulación de los efectos del incumplimiento. 663, C. C.). 4066/2006. C. P. Ricardo Hoyos. Así consta también en pronunciamientos de vieja data de la Corte Suprema, en los que manifestó que "(...) la finalidad de la cláusula penal es afirmar la ejecución de las obligaciones principalmente acordadas y por lo tanto ella no autoriza al deudor para exonerarsedel cumplimiento de esas obligaciones" (Corte Suprema de Justicia, Sentencia de 6 de marzo de 1961). 61-110. Añade, advierte que su pacto en contratos marcadamente comerciales se encuentra prohibida, por considerarse inconveniente, salvo en los de suministros y prestación de servicios (Benavides, 2006, pp. a. Posición jurisprudencial sobre multas contractuales en contratos suscritos por entidades estatales sujetas al derecho privado: Pueden pactarse multas contractuales, pero estas deben ser impuestas por el juez del contrato. Civitas. Nro. Nro. Sección Cuarta. Nro. 16.756. Nro. En dicho asunto, la empresa prestadora de servicios públicos comunicó al contratista los hechos por los que se ordenaría la multa y le dio la oportunidad de pronunciarse al respecto; ocasión en la cual el contratista no demostró la imposibilidad objetiva de cumplir las obligaciones a cargo suyo. Sentencia de 30 de abril. 86, Ley 1474/2011; arts. Nro. Nro. 230, TRLCSP), que se derivan de la prerrogativa de interpretación de los contratos administrativos. 181-198. [ Links ], Pérez Vives, Á. 16, 60, 71 y 73). Sección Tercera. Nro. RESUMEN: La responsabilidad o garantía legal del proveedor por el incumplimiento de contratos de prestación de servicios tiene un estatuto análogo al del vendedor en la compraventa. Multas civiles y/o penalidades criminales (cuando existe un patrón o práctica de violaciones). 146-148). En este caso una entidad ha suscrito contratos con clientes por los que presta servicios de «back office . 12.342. Sentencia de 29 de junio sobre Exp. Sentencia Excma. Debe documentarse una descripción detallada del incumplimiento del contrato. (2011). [ Links ], Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Tomo III (de las obligaciones) (7.a ed.). La cláusula penal de apremio se apoya en el art. Sala de lo Contencioso Administrativo. El modelo francés, con un extenso arraigo histórico en el derecho administrativo colombiano (Rodríguez, 2015, pp. Causal de término de la relación laboral por incumplimiento de obligaciones que impone contrato, busca sancionar conductas negligentes del trabajador de una entidad o relevancia significativa… 28 Personas online rellenando el Contrato de Compraventa de Moto/Motocicleta en México ahora. Sentencia de 21 de febrero sobre Rec. Bogotá: Universidad Externado de Colombia. Asimismo, el artículo 1372 del citado Código establece que la resolución se invoca judicial o extrajudicialmente y que los efectos de la sentencia se . Son, por tanto, estipulaciones de carácter accesorio, debidamente plasmadas en el contrato, con la finalidad de asegurar el cumplimiento de la obligación principal de que se trate (...)" (TS, Sentencia de 18 de mayo de 2005, Rec. (1961). se suele realizar un anticipo de pago del valor finalde la casa. El presente artículo analiza la calidad que actualmente se le atribuye a las multas contractuales derivadas de los contratos administrativos regidos por la Ley Nº 19.886. Sala de lo Contencioso Administrativo. Nro. Sentencia de 20 de agosto sobre Exp. A su vez, en el derecho francés la pena ha sido tradicionalmente concebida con un carácter marcadamente indemnizatorio. El artículo 93 de la Ley 489 de 1998, acogió el régimen exceptivo del derecho privado para los contratos de la empresa industrial y comercial del estado (EICE), de acuerdo con su actividad, por manera que el contrato de obra pudo celebrarse por el régimen del derecho privado, en cuanto correspondiera al desarrollo de la actividad propia de la empresa contratante. (1998). Sin embargo, no se encuentra la facultad de imponer multas dentro del listado original de dichas cláusulas. Sala de Consulta y Servicio Civil. 1207. 10703. Primera edición. 135-140). Nº 4800-2012 LIMA. En el ordenamiento jurídico colombiano, el primer antecedente de las multas en contratos de la Administración se encuentra en el art. Lara Arroyo J.L. Sin embargo, en el rol Nº 11.527-2019, considerando noveno, la misma Corte manifestó que: “…la Municipalidad al sancionar a la reclamante con la multa que impugna, no se encuentra ejerciendo su “potestad sancionadora” en los términos que explicita el recurrente y que emana de la normativa general del Derecho Administrativo, por el contrario, en la especie, la reclamada ejecuta una cláusula del contrato de prestación de servicios que suscribió con el recurrente.” “…Por tanto, no se está frente al ejercicio de la potestad sancionadora de la Administración, sino ante el cumplimiento de un contrato que constituye “una ley para las partes”. Esto generó un vacío legislativo al que respondió la Ley 1150/2007, estableciendo que las entidades estatales sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración tienen la facultad de imponer las multas que hayan sido pactadas con el objeto de conminar al contratista a cumplir con sus obligaciones (art. 64, C. C. la mejor opción para volver a tener tranquilidad es contratar a un abogado privado que le dedique tiempo y esfuerzo a resolver tu problema legal. En tal caso, la entidad deberá seguir las reglas de la imputación del pago, de acuerdo con las cuales: a) la compensación solo se considerará efectuada cuando el deudor decida a cuál de las suyas se le imputa (art. Nro. Edgar Julián Vargas Brand. Ahora bien, en caso de que no sea procedente la compensación legal, porque no concurran los requisitos exigidos o se presente otra circunstancia, como cuando uno de los acreedores debe un cuerpo cierto y el otro debe dinero o no son aún liquidables, podrá producirse una "compensación convencional". Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Por el contrario, la naturaleza de dichas cláusulas contractuales responde a una concepción civil, en la que se predica el principio de la presunción de culpa en el contratante que no cumple lo pactado o incurre en algún defecto en su cumplimiento" (TS, Sentencia de 21 de noviembre de 1988, Rec. El contratista tiene así la carga de recurrir ante los tribunales el acto por medio del cual se imponen dichas decisiones unilaterales en caso de inconformidad (Castillo Blanco, 1996, pp. 56939). La cláusula penal en el Código Civil. 491, C. de P. C.; art. Carrera 7 No 26 - 20 Piso 23 / Dirección General / Edificio Seguros Tequendama (Bogotá D.C) Esta posición fue reiterada en la jurisprudencia posterior del Consejo de Estado, en la que fue aclarando asimismo algunos aspectos adicionales. Recibido: (2008) . A su vez, el artículo 79 TER reglamentario, hace alusión a la fijación de un procedimiento para el caso de incumplimiento contractual del proveedor, lo que puede traducirse en la aplicación de multas u otras sanciones de mayor gravedad como el término anticipado del contrato. 6491. Dichas sanciones, por tanto, no podrían ser asimiladas a cláusulas penales ya que son creadas sin la intervención del contratante privado, y sin aceptar por parte de la Administración la creación de estipulaciones contractuales en su contra, de modo que de aceptarse lo contrario, se incurriría en una evidente desigualdad que afectaría a los contratos públicos[13]. Nro. Nro. Se plasmó así en una disposición legal la facultad que, como vimos anteriormente, ya tenía la Administración de pactar multas contractuales en ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como de declarar su incumplimiento y proceder a su cobro, en ejercicio de las facultades exorbitantes de terminar unilateralmente y declarar la caducidad del contrato (art. Así pues, en caso de que existan varias relaciones jurídicas entre una entidad pública exceptuada del régimen de la Ley 80/1993 y un contratista al que se aplique una cláusula penal, dicha entidad podrá retener lo que deba a dicho contratista por conceptos diferentes hasta el monto de la cláusula penal. Este no es pues un acto que contenga una manifestación unilateral de una entidad estatal dirigida a crear, modificar o extinguir una situación jurídica determinada, sino simplemente a declarar una situación jurídica existente. (...) La cláusula penal cumulativa desempeña la función sancionadora o penal propiamente dicha, (...) por lo cual es considerada como la verdadera cláusula penal en sentido estricto o cláusula penal pura. (2000). Vea texto íntegro de la sentencia de la Corte Suprema Rol 30184-2020 y de la Corte de Apelaciones Rol 22 - 2020 . pérdida del depósito o intereses moratorios); si hay excluyentes de . El contrato de arras es un contrato privado, entre comprador y vendedor, que se firma como paso previo a la compra de una vivienda. C. P. Enrique José Arboleda Perdomo. ¿A quién se le expiden los diferentes documentos? 9288, 1994). [ Links ], González-Varas Ibáñez, S. (2003). La acción de cumplimiento de contrato permite a la parte cumplida exigir por vía judicial el cumplimiento del contrato. C. P. Enrique Gil Botero. Ley 80, por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Nro. De acuerdo con esto, la Administración podrá cobrar su valor al contratista, a través de actos administrativos en los que ejerce alguna de las potestades reconocidas en el art. Con ello se obstaculiza la gestión de dichas entidades, en la medida que se limita su posibilidad de apremiar a los contratistas a cumplir sus obligaciones íntegra y oportunamente. Nro. [ Links ], Presidencia de la República. (2011). Nro. [ Links ], Consejo de Estado. 16, 60, 71 y 73). Con base en lo anterior, la Corte Suprema concluyó que "no puede reducirse la cláusula penal, simplemente, a un pacto antelado de indemnización de perjuicios". Régimen general de las obligaciones (7.a ed.). Misma aseveración, se mantuvo en la sentencia rol Nº 251-2019, considerando vigésimo cuarto[14], al disponer que: “…desde que la Municipalidad al sancionar a la reclamante con la multa que impugna, no se encuentra ejerciendo su “potestad sancionadora” en los términos que explicita el recurrente y que emana de la normativa general del Derecho Administrativo, por el contrario, en la especie, la reclamada ejecuta una cláusula del contrato de prestación de servicios que suscribió con el recurrente”. Como señala Chavarro Cadena -haciendo referencia al art. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. (...) Con mayor razón si ese mecanismo de extinción de las obligaciones fue parte de un contrato de transacción con el mismo fin" (énfasis añadido). SUMILLA: " Según las normas de Derecho Internacional Privado puede aplicarse subsidiariamente la ley peruana cuando se convino que al tribunal extranjero correspondía aplicar la ley extranjera.". 28036. Aspectos críticos de la contratación administrativa. Colombia Compra Eficiente Todos los derechos reservados, istanbul evden eve nakliyat çelik raf sistemleri. tratos la facultad de la Nación para imponer multas en caso de mora o incumplimiento parcial (art. Corte Suprema, rol Nº 4.001-2017. 13.988. Sentencia de 16 de junio sobre Exp. Nro. Igual valoración efectúo la Corte Suprema en la sentencia rol 6.080-2017, considerando trigésimo séptimo, al precisar que: “…la fijación de multas con ocasión de los incumplimientos descritos por la recurrida, de modo alguno se condicen con la atribución de competencias propias de un órgano diverso, pues, su inclusión en las bases de licitación no es más que la expresión de la potestad sancionatoria del Estado como consecuencia del incumplimiento de un contrato administrativo de la Ley Nº 19.886.”. La compensación es un modo de extinguir obligaciones que opera cuando dos personas son mutuamente acreedoras y deudoras (art. Como en todos los casos, para poder determinar si se puede dar por terminado el contrato, así como definir qué constituye un incumplimiento, primero habrá que referirse a los términos del contrato, incluyendo qué penas convencionales prevé el contrato (p.ej. Bosch Editor. Que el Artículo único del Decreto Supremo Nº 21615 de 29 de mayo de 1987, establece que los Jueces de Trabajo y Seguridad Social sancionarán las infracciones a leyes sociales, con multas del ministerio de trabajo de Bolivianos un mil (Bs. Sentencia de 13 octubre sobre Rec. 41 del Reglamento . Esta es la opción que se puede ejercer pasados los 6 meses de contrato. 18 de la Ley 80/1993, adelantando un proceso ejecutivo contractual, o compensándolas "de acuerdo con las reglas generales del Código Civil" (idem). Posteriormente, en el asunto resuelto mediante sentencia de 19 de agosto de 2004, señaló la Sala que la cláusula penal pecuniaria prevista en el Decreto 222/1983 "constituye un cálculo anticipado y definitivo de los perjuicios surgidos del incumplimiento del contrato", que redime al contratante incumplido del deber de acreditar el daño y determinar su cuantía. Tras la expedición de la Ley 80/1993, el Consejo de Estado señaló que en un "contrato de derecho privado justiciable en sede de lo Contencioso Administrativo" pueden pactarse multas, pero estas "deben ser controladas y corregidas por el Juez del contrato". Se presentarían entonces dificultades para la entidad contratante, en caso de que el contratista que tenga varias relaciones jurídicas se niegue a decidir a cuál de las deudas se le imputa la compensación, ya que así dilataría el momento en el que opera la compensación. Más recientemente y con base en la versión actual del texto del artículo 210 del TRLCSP, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS sentó su posición jurisprudencial actual sobre la naturaleza de la penalidades, las cuales en "(...) el ámbito de la contratación pública, al igual que en la contratación privada, desempeñan una función coercitiva para estimular el cumplimiento de la obligación principal (...). Comares, pp. 11 de Diciembre de 2018, Este es un artículo publicado en acceso abierto bajo una licencia Creative Commons. Ahora bien, esto hay que entenderlo según las reglas generales de nuestra ley en la materia. Teoría general de las obligaciones (4.a ed. Sala de lo Contencioso Administrativo. México: Editorial Porrúa. Nro. En consecuencia, el Consejo de Estado consideró que la imposición de multas era válida, ya que estaba amparada por un acuerdo precontractual y se había respetado el debido proceso (sentencia de 20 de febrero de 2017, Exp. Esta situación tampoco permite que la multa sea realmente un incentivo para cumplir el contrato en el futuro pues es fácil para el contratista evitarla. 28.036). ), así como a la teoría de la autotutela declarativa de la Administración, la cual le permite modificar unilateralmente las situaciones jurídicas en las que actúa (art. Ley 142, por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones. Es decir que, si el demandante optó por exigir el cumplimiento del . Title: Microsoft Word - Documento1 Author: fbaeza . Normas especiales de los contratos en materia de incumplimiento contractual Contrato de administración de valores En atención a su naturaleza y en la medida que no exista una norma de carácter . El renacimiento de las penas privadas es, de hecho, la tendencia doctrinal europea, como señala Es-pín Alba (1997, pp. (2006). Nro. Se analiza someramente tanto la jurisprudencia administrativa, judicial y la postura que tiene la doctrina mayoritaria sobre la materia. 1948. Nº 4800-2012 LIMA. $ 4,481.00 a $ 22,405.00. M. P. José Fernando Ramírez Gómez. Esta posición es asimismo admitida en la doctrina mayoritaria española6. Con esto, quedan excluidas las obligaciones sobre cuerpos ciertos, así como las obligaciones de hacer y las que tienen por objeto una abstención (Ospina Fernández, 2001, p. 425). Para empleo en el Mancomunidad de las Islas Marianas (CNMI), este requisito de verificación aplica a personas contratadas después del 27 de noviembre de 2009. De emitirse recibos de pago con una cuantía mayor al salario realmente cubierto, la autoridad laboral puede imponer una multa de 800 a 3,200 VUMA, importe que asciende de $ 71,696.00 a $ 286,784.00 pesos. El incumplimientodecontrato se presenta cuando alguna de las personas involucradas no cumplen con lo estipulado en el documento legal aceptado. Cumpliéndose las anteriores condiciones, opera las compensación legal, por lo que las entidades estatales sujetas a un régimen especial de contratación podrían retener el pago de cantidades adeudadas a los acreedores, hasta el monto de la cláusula penal de apremio o multa contractual. 4 0 obj Sobre esta materia, se pueden advertir claramente dos corrientes antagónicas que pretenden explicar la naturaleza jurídica de esta institución. Determina si tienes un contrato válido. Sentencia de 21 de junio sobre Rec. <>/Metadata 509 0 R/ViewerPreferences 510 0 R>> Sentencia Excma. La Sala consideró que el vocablo "imponer" del Decreto 222/1983 dio lugar a la generalización de un error, en cuanto denota una posición de superioridad, que llevó a suponer que en las relaciones de derecho privado no podían exigirse multas, ni cláusulas penales. P (coord. 379-392). [ Links ], Consejo de Estado. 15, 16, 18 y 19, Decreto 1876/1994; art. Según el contrato, acordó completar el proyecto antes del FECHA. 39-42), se aplica actualmente a la contratación estatal de este país, donde tanto la adjudicación como la ejecución se encuentran reguladas por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. [ Links ], Tribunal Supremo de España. Ley 30, por el cual se organiza el servicio público de la Educación Superior. [ Links ], Consejo de Estado. En estos ordenamientos, a su vez, se han desarrollado tres modelos diferentes de contratación pública, en los cuales las multas o penalidades -como se conocen en el derecho español- tienen una regulación disímil, como se muestra a continuación. La Sala de Consulta Civil del Consejo de Estado mantiene una posición un tanto diferente a la de la Sala de lo Contencioso Administrativo, que fue expresada mediante el concepto de 25 de mayo de 2006, cuando resolvió una consulta formulada por el ministro de Defensa sobre la posibilidad de aplicar el principio de autonomía de la voluntad al pacto de multas en los contratos estatales (Exp. LOS SISTEMAS DE MULTAS O PENALIDADES DE LOS CONTRATOS ESTATALES EN EL DERECHO COMPARADO. 211 y 217, TRLCSP). Auto de 6 de agosto sobre Exp. Rol Nº 125.529-2020, considerando décimo. 3, Ley 80/1993). (pp. En F. Castillo Blanco (Edit. (2012). Multas civiles y/o penalidades criminales (cuando existe un patrón o práctica de violaciones). En todo caso, la facultad de imponerlas de forma unilateral es exclusiva de la Administración, pudiendo trasladarse a un tribunal arbitral la verificación de las circunstancias del incumplimiento. De esta forma, los tres sistemas que en principio se diferenciaban con claridad, han ido acercándose a partir del principio de revisión de la pena excesiva, previsto también en el ordenamiento mercantil colombiano (art. También se presenta en el área laboral cuando hay un . 14.558. 3 0 obj Con ello, la doctrina ha considerado que la pena asume la función de apremiar al deudor, de la misma forma en que puede compelerlo al pago de las obligaciones de hacer, conforme al art. Comentario * document.getElementById("comment").setAttribute( "id", "a16d046e0b78165a434aef731a9193fa" );document.getElementById("jeb4297cfe").setAttribute( "id", "comment" ); Guarda mi nombre, correo electrónico y web en este navegador para la próxima vez que comente. Sección Tercera. V. LAS CLÁUSULAS PENALES DE APREMIO EN EL DERECHO CIVIL COMPARADO Y COLOMBIANO, a. [ Links ], Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. 1602, C. C.). Nro. Nro. El procedimiento establecido para imponer una multa hace mayor el incentivo contrario pues el procedimiento debe suspenderse cuando el contratista cumpla, sin tener en cuenta el daño sufrido durante el incumplimiento. 16754. Exp. 14.558; Sentencia de 29 de junio de 2000, Exp. C. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. ), Contratos civiles, mercantiles, públicos, laborales e internacionales, con sus implicaciones tributarias (pp. El Código Civil colombiano define las cosas fungibles como "aquellas de que no puede hacerse el uso conveniente a su naturaleza sin que se destruyan", dentro de lo que se incluyen expresamente las "especies monetarias" (art. Una vez aclarado lo anterior, se expone la forma en que pueden imponerse y cobrarse las multas contractuales por parte de entidades estatales sujetas al derecho privado en Colombia. Exclusión de contratos gubernamentales. Esta página no fue útil porque el contenido: Respuesta de USCIS al Coronavirus (COVID-19), Noticias Relacionadas con el Formulario I-9, Noticias Archivadas Relacionadas con el Formulario I-9, Políticas Temporales Relacionadas a COVID-19, Completando la Sección 1, Información y Verificación del Empleado, Completando la Sección 2, Revisión y Verificación por el Empleador, Completando la Sección 3, Actualizando y volviendo a verificar. Madrid: Marcial Pons, Edit. (2012). Y, en lo relativo al caso concreto, precisaron que "el monto del alquiler mensual por el inmueble objeto de este proceso fue pactado en $ 10.650, y la multa establecida en la cláusula décimo segunda en el 20% del monto del último período mensual del alquiler asciende a la suma de $ 2.130 diarios, totalizando ambos valores un importe de . Nro. Nro. 1226 del Código Civil francés define la cláusula penal como: "(...) aquella por la que una persona, para asegurar el cumplimiento de una obligación, se compromete a alguna cosa en caso de incumplimiento". Sentencia de 9 de septiembre sobre Exp. Para ilustrar esta circunstancia, el Consejo hizo referencia a la cláusula penal y a la imposibilidad de retracto, las cuales constituyen penas para la inejecución o mora, con el propósito de conminar o apremiar al deudor. De lo anteriormente expuesto se colige, a su vez, que la posibilidad de pactar sanciones contractuales no es, en lo absoluto, exclusiva de la Administración Pública. LA SALA CIVIL TRANSITORIA DE LA CORTE . Sentencia de 23 de junio. 26 – 20 Piso 17,10 y 8, Edificio Tequendama. El inciso primero del artículo 447 del estatuto tributario que trata sobre la base gravable del Iva señala: «En la venta y . (2005). Tras ello, se realiza un análisis deductivo, para definir en cuál de los sistemas de Derecho comparado se enmarca el ordenamiento colombiano, lo que nos permite definir con mayor claridad el contenido de las instituciones jurídicas examinadas. Dentro de la doctrina administrativista colombiana Benavides afirma que una vez aprobada la Ley 80/1993, la facultad de la Administración de hacer efectiva sus prerrogativas, entre ellas la imposición de multas contractuales, se limitó a unas finalidades específicas tendientes a "evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación". Corte Suprema, rol Nº 43.293-2017. A partir de dicho momento se presenta la "entrada en vigor de las circunstancias que permiten al acreedor exigir la pena". (2011). endobj El incumplimiento contractual y las multas. b. Posición jurisprudencial sobre la inclusión de multas en contratos sujetos a la Ley 80/1993: Pueden pactarse multas, en cuanto estas no constituyen una exorbitancia, y pueden imponerse sanciones de forma directa y unilateral por la Administración. CAS. Le corresponde por consiguiente al Juez del contrato, de acuerdo con lo alegado y probado, determinar si se dan los supuestos fácticos y jurídicos que justifiquen la imposición de la referida multa (Consejo de Estado, Rad. ; art. Posteriormente, el Fuero Real resaltó el carácter vinculante de los contratos, limitando, en todo caso, el monto de la pena al doble del objeto del contrato3. Diversos matices de la regulación de la cláusula penal en el ordenamiento español y alemán. En los contratos celebrados por entidades estatales regidas por el derecho privado admitió el pacto de multas, pero su imposición se reservó al juez del contrato, mientras que en los contratos regidos por la Ley 80/1993 se admitió el pacto de multas, por considerar que no implicaba ninguna exorbitancia, así como la posibilidad de imponerlas de forma directa y unilateral por la entidad estatal contratante. Capítulo Decimotercero. La Compraventa genera una serie de obligaciones y derechos para ambas partes contratantes, tal como se deduce del art. 56562). Comparta información sensible sólo en sitios web oficiales y seguros. This article sets out the various positions that the Council of State has held on this matter, and then, through an analysis of comparative law, determines the nature of the contractual fines and penal clauses in the various Legal systems and our legal system. [ Links ], Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Moraga Klenner, C. (2007). [ Links ], Bercovitz Rodríguez-Cano, R. (2016). Durante la ejecución de la obra y . [ Links ], Consejo de Estado. C. P. Enrique Gil Botero. Tras ello, el Decreto 222/1983 estableció la inclusión forzosa de multas en los contratos administrativos, así como un procedimiento y unos requisitos para hacerlas efectivas por la Administración (arts. [ Links ], Consejo de Estado. Tras la caída del Imperio romano, el Fuero Juzgo -que fue la primera codificación posterior a la conquista visigoda de la Península Ibérica- adoptó la cláusula penal, otorgándole nuevamente una "condición de pena en caso de incumplimiento de lo pactado". Sin embargo, en el derecho colombiano no existen normas que lo autoricen (2001, pp. 14202. C. P. Daniel Suárez Hernández. La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia avala también la posibilidad de pactar cláusulas penales de apremio mediante acuerdo de partes. Cualquier variación del presente Contrato en perjuicio del Consumidor, frente al contrato de adhesión publicado por y registrado ante PROFECO, se tendrá por no puesta. La problemática con respecto a la naturaleza jurídica de las multas contractuales en la ley de compras, más allá de la apreciación que la CGR tenga sobre el particular, tiene su origen en dos aspectos claves a saber: i) la deficiente regulación que tanto la ley como su reglamento, ofrecen a la ejecución contractual, lo que ha propiciado el nacimiento de paráfrasis disímiles y que no contribuyen a la certeza jurídica que merece toda relación bilateral y ii) la completa abulia del legislador para reformar la mentada ley en lo relativo al cumplimiento contractual, aspecto que sin duda es clave para el logro de los fines institucionales.