Esto evidencia una mayor confianza en los actores independientes. A este factor ambiental se suma la desconfianza hacia la empresa por sus antecedentes históricos en los cercanos departamentos de Moquegua y Tacna. En la primera parte se presentan los avances en los espacios de diálogo. https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2020/05/Reporte-especial-N%C2%B01-Demandas-y-tensiones-sociales.pdf. clubsuscriptores.pe| La implementación de servicios sociales en salud, educación como infraestructura de riego y comunicaciones. laprensa.pe Las Bambas y su undécimo conflicto socioambiental ... es el cuarto estado con más conflictos en el Perú, con un 6.8% ... Las Bambas y las comunidades implicadas en el … En el 2004 se produjeron movilizaciones masivas por la intangibilidad dicho cerro como fuente de agua, frente a la intensión de Minera Yanacocha de ampliar sus operaciones para la extracción de oro. Aunque el conflicto empieza a fines de los ´90, las acciones colectivas más importantes se dieron entre 2000 y 2001, a través de protestas, consultas vecinales municipales, y campañas de incidencia internacional y nacional, apelando a que se trataba de una zona agrícola bajo amenaza de donde provenían los mejores limones, ingrediente fundamental para el cebiche, símbolo cultural nacional de la culinaria peruana. A nivel de los gobiernos regionales hubo intentos de desarrollar oficinas especializadas de gestión de conflictos, pero que no se llegaron a consolidar. El conflicto escaló hasta llegar a episodios de violencia y a la persecución de la policía al alcalde de Espinar al que acusaron, junto a otros dirigentes sociales, por delitos de disturbios. Los resultados de las empresas mineras y su contribución a la economía se vieron afectados en 2014 con la caída de los precios de los metales en el mercado internacional. Gobierno tendrá que resolver 80 conflictos socioambientales. Universidad Antonio Ruiz de Montoya, Jesuitas (UARM), Centro de Investigación Documentación, Educación, Asesoría y Servicios (IDEA), Cooperación Alemana implementada por la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, ProDiálogo, Prevención y Resolución de Conflictos, Instituto del Diálogo. Ocurrió en el municipio de Ilave en el departamento de Puno, donde el alcalde fue linchado por los pobladores frente a la difusión de acusaciones de corrupción en el manejo de la gestión de los recursos públicos. Esta oficina sistematizó las intervenciones del Gobierno Nacional en conflictos sociales y estableció los primeros Lineamientos y Estrategias para la Gestión de Conflictos Sociales, estableciéndose que las intervenciones en conflictos sociales se darían en prevención, tratamiento y seguimiento. A partir de diciembre de 2001, el caso Tintaya no solo se configuró un caso de conflicto socioambiental emblemático, sino también un referente peruano como internacional de abordaje, resolución y transformación mediante el diálogo, con la participación de las cinco comunidades próximas al proyecto minero, ONGs críticas de la actividad minera con conexiones internacionales y BHP Biliton, empresa privada transnacional que había adquirido el proyecto. Permite tener mejores y más amplios marcos teóricos y prácticos de trabajo. Así, a la par que se cerraba el ciclo de la conflictividad armada en 2000, la actividad minera, y con ella la economía peruana, entraba en una fase expansiva que fue impulsada en la década de los ´90, como parte de los programas de reajuste estructural experimentados por el conjunto de países Latinoamericanos bajo el Consenso de Washington. Heridas en el tejido de las relaciones sociales y en la psique colectiva, tanto a nivel consciente como inconsciente. Se abrieron nuevos desafíos no solo sanitarios y económicos para el mundo y el país, sino que introdujo factores de conflictividad inéditos a los que los que el Estado, el sector privado minero, los actores comunitarios y la sociedad civil en general, aún buscan adaptarse y responder de la mejor manera. El caso se originó en la preocupación de las comunidades respecto de las potenciales afectaciones a las lagunas del entorno donde se ubicaría el proyecto. Este contexto puso de relieve la preocupación de los actores sociales por la corrupción ligada a las actividades extractivas y las obras públicas. Además, esta intermisión del conflicto ha paralizado la construcción de lo que se conoce como Chalcobamba I, ampliación que ya fue mencionada párrafos atrás. Informe: Informe N° 001-2022-OGASA sobre Conflictos Socioambientales. La gran y mediana minería es competencia del gobierno nacional, al igual que la gestión de conflictos, tanto a nivel sectorial (desde sus respectivas oficinas especializadas) como de la Presidencia de Consejo de Ministros (instancia coordinadora intersectorial a través del Vice Ministerio de Gobernanza Territorial). La mediación socioambiental multiactor implican una pedagogía permanente con los actores sobre el rol del tercero, la naturaleza, la metodología y los valores que sostienen el proceso. Aín, G. (2014). ¿Cuáles son los conflictos socioambientales en el Perú? Un caso interesante de destacar en el que se quebró significativamente esta dinámica de respuesta –salvándose con ello vidas–, fue durante el Moqueguazo. Esta situación que removió la política nacional, y que tuvo como desenlace la disolución constitucional del Congreso, profundizó el descrédito y la desconfianza en el Estado y las instituciones públicas, desgastado las capacidades de respuesta del gobierno a los actores de los conflictos sociales, que se habían convertido en foco de la agenda política nacional (Las Bambas, Apurímac, y Tía María, Arequipa). El proyecto Prevcon hizo grandes esfuerzos por implementarlas, pero con el tiempo y los cambios de gestión de gobierno regional los esfuerzos se fueron diluyendo. Este involucramiento, definido como intermediador, al inicio de este nuevo ciclo de conflictividad social en gran medida se debió a la demanda de los propios actores sociales, al ser una de las pocas instituciones pública que gozaban de la confianza ciudadana. Los conflictos socioambientales en el Perú, Cusco: reinicio de paro indefinido contra el gobierno en Espinar, Incendian Municipalidad de Espinar y camionetas particulares, Observatorio de conflictos mineros del Perú- segundo semestre 2022, Las Bambas: se levantó el paro en Challhuahuacho, Apurímac: se intensifica el paro indefinido en Challhuahuacho contra Las Bambas, Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú. Hay ocho conflictos activos que pueden devenir en violencia. En 2011, el conflicto alrededor del proyecto minero Conga, bajo la titularidad de Minera Yanacocha, fue un caso emblemático de gran impacto en la gobernabilidad a nivel local, regional y nacional. Si bien, de conformidad con la Constitución Política de la República, el subsuelo y sus recursos pertenece a la nación, el suelo puede ser de propiedad comunal o privada. En síntesis, la mayoría de los entrevistados desconfían de los actores del conflicto, pues consideran que estos privilegian sus intereses mayormente económicos, en lugar del bien común (Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad, 2017). Igualmente, este período dejó un alto número de desplazados y migrantes internos hacia Lima que huyeron de la crisis económica y la violencia.3. La participación ciudadana en los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) y la implementación efectiva de la consulta previa, libre e informada como derecho colectivo de los pueblos indígenas u originarios. En 2006, recuerda la Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad (2017), que ante las dificultades del CEPLAN para hacerse cargo de la UAC, la Presidencia de Consejo de Ministro (PCM) decide conformar la Comisión Multisectorial de Prevención de Conflictos Sociales. https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2020/05/Reporte-Mensual-de-Conflictos-Sociales-N%C2%B0-194-abril-2020.pdf, Adjuntía de Prevención de Conflictos y la Gobernabilidad. Así como,  las acciones de prevención y gestión de conflictos socioambientales. informe_febrero_ogasa_2022_f.pdf (format PDF / 2 MB) El presente informe, desarrolla las … De acuerdo con el Reporte de Conflictos Sociales de abril de 2020, de 137 casos de conflictos activos, 91 (66.4 por ciento) están en proceso de diálogo. De esta manera, desde una mirada estructural, panorámica y en retrospectiva, los años ´80 estuvieron marcados por los procesos hacia el regreso a la democracia (Constitución de 1979 y proceso electoral de 1980 luego de una década bajo el régimen militar) y el estallido como la expansión de la conflictividad armada, durante el segundo gobierno de Fernando Belaunde; la conflictividad laboral, así como la crisis socioeconómica y política del primer gobierno de Alan García. 1De acuerdo a la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (2003) las cifras de muertes durante el conflicto armado interno alcanzaron cerca de las 70 mil víctimas, de las cuales el PCP-SL es responsable del 53.68 por ciento de los muertos y desaparecidos, siendo el principal perpetrador de violaciones a los derechos humanos; el MRTA resultó responsable del 1.8 por ciento; los comités de autodefensa y los grupos paramilitares son responsables del 37.26 por ciento; y, los miembros de las Fuerzas Armadas del 28.73%.2La hiperinflación acumulada desde el 1988, durante el primer gobierno de Alan García, al fines de 1990 llegó a 3´500,000 por ciento. Desde un enfoque de casos y tipos de conflictos –más allá de las formas de las manifestaciones conflictivas–, ese mismo año la Defensoría del Pueblo hizo un balance en el que identificaron 50 conflictos sociales en total. Una mirada en perspectiva a este nuevo ciclo de conflictividad social y socioambiental a partir de 2000, en un escenario de transición democrática y post conflicto armado, nos da cuenta de casos emblemáticos que fueron configurando el imaginario de la conflictividad en el país y su dinámica. Informe Final. Con datos de mayo, Apurímac es el cuarto estado con más conflictos en el Perú, con un 6.8% del total. Chávez, J., Irigoyen, M., (2019) recuerdan que desde el antiguo Perú (Tahuantinsuyo), y durante la época de la colonia española, se había desarrollado una intensa actividad minera. Ambas oficinas elaboran reportes trimestrales sobre los conflictos sociales en los que intervienen. Los gobiernos locales y regionales más que actores reguladores del conflicto terminan siendo actores primarios, asumiendo el protagonismo de la demanda social (Conga, Tía María o Espinar), o secundarios como tímidos o decididos aliados de los actores sociales; o, en algunos casos, de terceros facilitadores del diálogo entre las empresas, las comunidades y el Gobierno Nacional. Es una característica natural e inevitable de la existencia humana y de la interacción social, y que conflicto y violencia no son lo mismo, siendo la violencia la manifestación destructiva del conflicto social (Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad, 2020). En este panorama, el peso gravitante de la minería en el conjunto de la economía del país, producto del crecimiento impulsado por el boom de los precios de los minerales, se refleja en el hecho que al 2015 contribuía con el 13 por ciento del PBI y representaba el 62 por ciento del valor total de las exportaciones del Perú, el 71 por ciento de las cuales estaban destinadas a China –principal comprador–, Suiza, Canadá, Japón, Estados Unidos de Norteamérica, Alemania y Corea del Sur. En agosto de ese año el gobierno de Alberto Fujimori aplicó medidas de shock económico para frenar la hiperinflación.3Zapata, I. El MINAM ha priorizado la atención de 47 casos de conflictos socioambientales, habiéndose incrementado en este primer semestre. Bedoya, C. et al. La tregua llegó gracias a promesas del Ejecutivo de anular el estado de emergencia en la zona y de la minera de cumplir los compromisos pactados. Las reuniones continúan siendo mayoritariamente virtuales, algunas presenciales como las realizadas en los departamentos de Cusco, Puno, Arequipa, Moquegua... La Oficina General de Asuntos Socioambientales (OGASA), presenta el informe n° 004-2022-OGASA sobre Conflictos Socioambientales, sobre el desarrollo de las acciones en la prevención y gestión de la conflictividad socio ambiental del MINAM del mes de abril de 2022. Y presenta una serie de lecciones como desafíos en el contexto de la pandemia del Covid-19. Según información del CEPLAN y el INEI, la pobreza disminuyó del 54 por ciento, a inicios de la década de 2000, alcanzando el 20 por ciento en 2018 (Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, 2011; Instituto Nacional de Estadísticas, 2019). De acuerdo con el estudio realizado por la Defensoría del Pueblo, el 87 por ciento de los procesos de diálogo alcanzaron acuerdos conducentes a la resolución del conflicto. Advertencias crecieron en 10 con respecto al mes anterior. Además, se estableció que la actuación del Estado debía ser guiada siguiendo los principios de igualdad, equidad, participación social, inclusión social, buena fe, legalidad y transparencia. Por tipología, los socioambientales representan el 63% del total de las problemáticas identificadas. El MINAM ha priorizado la atención de 42 casos. En 2004 el Estado no contaba con una institucionalidad y como consecuencia sus respuestas eran improvisadas. El inicio de este proyecto data del año 2004, cuando Xstrata Copper, que luego sería adquirida por la multinacional Glencore, obtuvo el derecho de exploración de Las Bambas. Esta falta de respuesta del Estado para impulsar el diálogo antes de alguna medida de fuerza de los actores sociales estaría más relacionadas a las limitaciones para obtener información de calidad y a los lentos procesos de toma de decisiones del aparato público. De esta manera, el país entró en una dinámica de descuido del desarrollo institucional para la gobernabilidad democrática, que en una lógica de diálogo político y social, pudiera abordar las desigualdades y las exclusiones como las causas de la conflictividad en el país, que el crecimiento económico por sí mismo no resuelve. El MINAM ha priorizado la atención de 47 casos de conflictos socioambientales, priorizados por el MINAM, y el respectivo seguimiento de compromisos, de los cuales el 77% de los compromisos se encuentran cumplidos, 18% en proceso y 5% pendientes.En el mes de... La Oficina General de Asuntos Socioambientales (OGASA), presenta el informe n° 008-2022-OGASA sobre Conflictos Socioambientales, sobre el desarrollo de las acciones en la prevención y gestión de la conflictividad socio ambiental del Ministerio del Ambiente (MINAM) del mes de agosto de 2022. Acuerdos procedimentales y metodológicos al inicio del proceso contribuye a construir un sentido de corresponsabilidad compartido y una apropiación del proceso. Al respecto se observa que los conflictos están teniendo una predominancia territorial, más allá de los entornos inmediatos de los proyectos, y en estos espacios confluyen actores sociales con lógicas comunitarias, individuales y familiares. Teléfono: + 51 956 663 760. Las alertas tempranas incluyen 18 casos socioambientales. Dado que los conflictos socioambientales emergen en contexto de asimetría de poder, es de reconocer que las acciones civiles no violentas, la incidencia pública, los mecanismos legales a nivel nacional e internacional, así como los estándares de responsabilidad social empresarial, contribuyen a construir condiciones donde las relaciones de poder sean más equitativas y, por lo tanto, más favorable al diálogo y la negociación que presuponen niveles de autonomía de la voluntad y la horizontalidad en la toma de decisiones. A esto se suman una serie de factores como la falta de equipamiento, de organización, de voluntades políticas, de conocimiento del conflicto como fenómeno complejo, de recursos personales y emocionales de los efectivos policiales, así como por la cultural institucional de aproximación a los conflictos, incluso debido a barreras culturales para la intervención de los miembros de las fuerzas públicas que no son de la localidad (foráneos). La empresa construyó represas de agua argumentando que así se mantendría el balance hídrico (primero el agua, después la mina). Por Fernando Durand. El Valor del Diálogo. A pesar de la complejidad del fenómeno de la conflictividad social, y del contexto peruano en particular, no es extraño encontrar discursos, con eco en ciertos sectores con capacidad de influencia en las decisiones, que traslucen enfoques explicativos simplistas en el análisis y la respuesta a los conflictos socioambientales mineros, desconectados de sus distintas dimensiones y multicausalidades. Chávez, J., Irigoyen, M., (2019). En la primera parte, se presentan los avances en los espacios de diálogo. La afectación de la salud de las personas, siendo de especial preocupación los casos de plomo en la sangre. Mapa de conflictos sociales abril 2020, según la Defensoría del Pueblo. Se empieza a elaborar Willaqniki, publicación mensual que reporta los conflictos sociales, abriendo un debate frente a las diferencias conceptuales y metodológicas con los reportes de la Defensoría del Pueblo respecto del mapeo de conflictos. Conflictos sociales en la minería 2017-2019, según la Presidencia del Consejo de Ministros. Incluso esta proporción subió al 71,4 por ciento entre 2013 a 2015. De esta manera, la mediación socioambiental debiera pensarse simultáneamente en términos de facilitación para la resolución de disputas, la gestación de procesos de diálogo multiactor y la articulación de procesos sociales en distintos planos (tomadores de decisión y espacios intermedios, de influencia como de base). Asimismo, hay una presión creciente desde diversos actores sociales que insisten en la importancia de la consulta previa y una resistencia del sector privado para que se implemente en etapas de exploración y a lo largo de las distintas etapas del ciclo de los proyectos mineros. Este se convirtió hasta el día de hoy, junto con el caso Conga, en el caso más emblemático de conflictividad por rechazo a la presencia de un proyecto minero en contraposición al desarrollo de la agricultura, sobre la que está arraigada la identidad del Valle de Tambo, donde se ubica el proyecto. Co-autor de Minería, conflicto social y diálogo y Transformación de conflictos. El diálogo implica abrirse a un grado de incertidumbre, para crear algo nuevo en conjunto y en colaboración de otra parte. (2017). Llamado así por el distrito del mismo nombre en el departamento de Piura en el norte del país. Entendiendo, además, que un proceso de diálogo socioambiental requiere de apoyo institucional para la convocatoria, la asistencia técnica (aspectos legales, económicos, ambientales, sociales y culturales) y la capacitación previa de los actores para su preparación, tanto para una participación constructiva en el diálogo como en los aspectos temáticos que son parte de la agenda del diálogo, de modo que sea un proceso lo más balanceado y productivo posible. Es de esta forma que el Estado democrático de derecho podrá afirmar su legitimidad, y por lo tanto la ciudadanía tendrá la confianza en la capacidad del Estado para abordar los conflictos –inherentes a la vida en sociedad y la energía de transformación en las sociedades democráticas– de manera preventiva, oportuna y constructiva. De forma concreta podemos encontrar un conflicto socioambiental allí donde la población de una zona se opone a la ejecución de un proyecto minero (o de cualquier otro tipo) toda vez que genera consecuencias negativas en el medio ambiente, afectar la naturaleza de sus actividades y, por tanto, el normal desarrollo de su vida o su salud. Le siguió en 2008, la Oficina de Asesoramiento en Asuntos Socioambientales (OAAS) del Ministerio del Ambiente (Minam). Luego vino una recuperación, para finalmente entrar en una desaceleración progresiva que fue de la mano con la tendencia a la estabilización y disminución, también progresiva, en el número de los conflictos sociales. En la primera parte,  se informa sobre la dinámica de la conflictividad social, con mayor intensidad en la zona sur del país. La sociedad civil jugó un rol importante trabajando en el fortalecimiento de capacidades con enfoque de resolución y transformación de conflictos, tanto con las distintas oficinas estatales de gestión de conflictos como con los equipos de gestión social, responsabilidad social y relaciones comunitarias de las empresas, y con ONGs activistas en la protección de derechos y líderes como lideresas sociales de comunidades con presencia minera. Es decir, el diálogo se torna en instrumental para una solución temporal –resulta eventualmente precaria–, suscribiéndose acuerdos que muchas veces el Estado demorará en cumplir o no podrá hacerlo, o simplemente olvidará por falta de seguimiento institucional, dejando sembrado así las condiciones para la repetición de un nuevo ciclo del conflicto por incumplimiento de compromisos. La Defensoría del Pueblo presentó el Reporte de Conflictos Sociales n.° 220, correspondiente al mes de junio de 2022, el cual da cuenta –entre otros aspectos– de 207 conflictos sociales registrados (153 activos y 54 latentes).Con relación a mayo, se advirtió la incorporación de seis nuevos conflictos sociales. En la medida en que los conflictos sociales son la manifestación de intereses y necesidades humanas vinculadas a los derechos de las personas y los grupos sociales que sienten están siendo afectados, pudiendo potencialmente derivar en hechos de violencia, el Estado tiene una responsabilidad fundamental en la gestión institucional y democrática de los conflictos sociales. Los actores dicen valorar la comunicación y el diálogo en la teoría; sin embargo, en la práctica poco o tarde se hace algo al respecto, porque esto requiere inversión y los resultados son difíciles de ser medidos. urbania.pe| En 2010, paralelamente, durante el gobierno de Alan García, se creó la Oficina de Gestión de Conflictos Sociales (OGCS) como un órgano técnico especializado dependiente de la PCM. Todos los Derechos Reservados. Hicieron lo propio empresas chinas como Chinalco, China Minmetals, Jiangxi Copar, Minerals and Metals Group (MMG), Guoxin International Investment Corporation y CITIC Metal Co. Entre el 2011 y el 2015, Chávez, J., Irigoyen, M. (2019) apuntan que se aprueban 48 nuevos proyectos de explotación entre los que destacan proyecto de minas de tajo abierto tales como Minas Conga a cargo de Minera Yanacocha (Cajamarca), Mina Antapacay de Minera Xtrata Tintaya (Cusco); Mina Apumayo de Anabi del Grupo Aruntani (Ayacucho), Mina Cerro Negro Fase II, de Minera Yanacocha (Cajamarca), Mina Pucamarca de Minsur (Puno), Mina Constancia de HudBay (Cusco), Las Bambas de Xtrata (Apurimac), Mina Anama de Anabi del Grupo Aruntani (Apurimac), Mina Toromocho  de Minera Chinalco Perú (Junín); y, Mina Shahuindo de Sulliden (Cajamarca). De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, una de las razones de esta demora se debe a la falta de un instrumento que midiera los costos que los conflictos que se venían produciendo vinculados a los derechos de las personas (vida, integridad, tranquilidad, propiedad, libertad), la institucionalidad democrática (crisis ministeriales, deslegitimación de autoridades, desconfianza), el desarrollo (proyectos de inversión paralizados, afectaciones a actividades económicas de todos los tamaños), y la cultura de diálogo y paz (uso de medios violentos, desconfianza en el diálogo) (Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad, 2019). … (2014) resaltan entre los factores que explican este traumático período de conflictividad armada la decisión de los grupos alzados en armas de confrontar con extrema violencia y terror al Estado peruano buscando su destrucción y la imposición de otro orden institucional y social; las abismales brechas sociales; el centralismo histórico en el que se establecieron las enormes distancia entre Lima como la capital y el resto del país, que no solo era geográfica, sino también económica, demográfica, social y política; la violencia estructural de exclusión, desigualdad, división y discriminaciones étnico culturales y raciales; la falta de legitimidad del Estado por su sentida ausencia o distante presencia o, incluso, amenazante presencia; los vacíos de poder en amplias zonas de un vasto, diverso y geográficamente complejo territorio peruano, especialmente en zonas rurales altoandinas; la debilidad de los mecanismos de representación política, en especial de los partidos políticos, incapaces de conectar y representar genuinamente las apremiantes necesidades socioeconómicas. Hay conflictos de convivencia, que tienen que ver con la búsqueda de una relación más armónica entre las actividades mineras y las comunidades, con una relación de mayor respeto mutuo, en … Una posible explicación del mayor número de conflictos sociales durante la crisis internacional podría deberse a las expectativas sociales y las dinámicas de conflictividad desatadas en la primera parte de la década por el proceso de expansión minera. Los comentarios deben acotarse al tema de discusión. En la... El presente informe, desarrolla las acciones en la  prevención y gestión de la conflictividad socio ambiental del MINAM del mes de enero de 2022. Respecto a las empresas, los encuestados señalan que solo les importa obtener la mayor ganancia posible, que no comunican adecuadamente y que no saben cómo trabajar con las comunidades. El MINAM ha priorizado la atención de 39 casos. Las reuniones continúan siendo mayoritariamente no presenciales o virtuales, algunas presenciales como las realizadas en los departamentos de Cusco y Puno por conflictos relacionados con la gestión de residuos sólidos. Se inició así un proceso de diálogo entre múltiples actores con perfil nacional a fin de buscar consensuar una visión de la minería de cara al año 2030. Además, la presencia de mujeres mayormente se realiza desde un lugar relegado y sin muchas oportunidades de ser escuchadas. LOS CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES EN EL PERÚ - Video en contexto. https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2019/02/El-valor-del-dialogo.pdf, Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad. El incumplimiento de compromisos previamente asumidos por parte del Estado y las empresas. El artículo analiza un panorama de la conflictividad socioambiental minera en el Perú, así como la evolución de la gobernanza para el abordaje de los conflictos. Estos costos afectan al sector privado empresarial corporativo con la paralización de la producción o el retiro del proyecto por riesgo en las ganancias y la capacidad productiva. Todas las tiendas y negocios de la ciudad acataron el paro. El Comercio. ReVista Harvard Review of Latin America, Displacements. Hay que cuidarse del diálogo nominal que los actores sociales perciban como un medio para hacer dormir sus legítimas preocupaciones y derechos (el término comúnmente usado por los actores sociales en el Perú es el de. A su vez, se identifican como conflictos socioambientales a aquellos cuyas dinámicas giran en torno al control, uso y/o acceso al ambiente y sus recursos y donde están presentes también componentes políticos, económicos, sociales y culturales (Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad, 2020). De acuerdo con el jefe de la Adjuntía para la Prevención de Conflictos y la Gobernabilidad, Rolando Luque, gran parte de la explicación se encuentra en los espacios previo al diálogo, donde se define el poder, construyen los liderazgos y se marcan los roles de género (Luque, R. 2020). 14 de junio de 2022 La Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la PCM presenta su reporte mensual de conflictos sociales correspondiente al mes de mayo de 2022. Cada caso tiene sus particularidades que están condicionadas por el contexto. La década de los ´90 estuvo caracterizada por la conflictividad política, la contracción de la conflictividad armada, la crisis de la institucional democrática y el regreso al autoritarismo con el régimen de Alberto Fujimori y el impulso de la actividad minera privada. En la segunda parte, se desarrollan las acciones... Al mes de setiembre de 2021, la prevención y gestión de conflictos socioambientales continúa en un contexto de cambio de gestión del gobierno nacional para los próximos cinco años (2021-2026). Por otro lado, la Comisión para el Desarrollo Minero Sostenible (2020), también pondera que la Presidencia del Consejo de Ministro (PCM), a través de sus oficinas especializadas en la gestión de conflictos, registró en sus informes Willaqniki, un número de conflictos sociales –entre 2017 a 2019– con tendencia a la baja. La falta de una estrategia clara, la poca aptitud de representantes en áreas clave, y el enorme número de ministros a la fecha hicieron que esta sea la paralización más larga desde el inicio de la mina. Aprendizajes para la transformación de la conflictividad socioambiental. Ahora toca aprender a adaptar el diálogo y la mediación con enfoque transformativo a una nueva realidad, donde la virtualidad y la semipresencialidad parece que serán la norma. Con respecto al impacto en la región de Apurímac, se anuncia que se han perdido S/176 millones y se han despedido a 3 mil trabajadores de empresas relacionadas a Las Bambas. En una entrevista con OjoPúblico, el gobernador regional de Apurímac, Baltazar Lantarón, mencionó que usualmente reciben entre S/3.5 y S/4 millones al mes por regalías, pero en abril de este año solamente recibieron S/136 mil. Los costos al Estado son aquellos vinculados a la movilización de las fuerzas policiales y la atención en salud, así como a la pérdida de recaudación tributaria y de legitimidad. El presente informe, desarrolla las acciones en la  prevención y gestión de la conflictividad socio ambiental del MINAM del mes de febrero de 2021. El Estado peruano, por su parte, perdió S/5 millones diarios y su desinterés en escuchar a las partes continuó erosionando la poca confianza de los inversionistas extranjeros que aun ven con buenos ojos al país. En términos generales, los conflictos sociales suelen entrar en un patrón reconocible de respuesta estatal: son eventualmente identificados en fases de latencia o manifestación temprana por alguna instancia estatal nacional, pero no logran una debida atención; entonces, al ser invisibilizados acumulan frustración y tensión, eventualmente entran en una fase de escalada donde el conflicto se complejiza, sumando actores, asuntos conflictivos en agendas y estrategias conflictivas –recurriendo los actores sociales simultáneamente a vías administrativas y judiciales, y vías de presión a través de protestas públicas o incidencia política–, así como en escenarios del conflicto, pasando del entorno comunitario al municipal y regional. La dinámica de la conflictividad social se mantiene activa con mayor intensidad en la Amazonía y la zona sur del país. elcomercio.peperu21.peojo.peperu.comdepor.comtrome.petrome.comlaprensa.peecomedia.peperured.peclubelcomercio.peclasificados.pemagperuquiosco.pe, Movilizaciones y bloqueos se incrementaron en 47.5%, en el último año, informó la Defensoría, Los sectores que más recurren a servicios de intervención especializados en Gestión Social, Defensoría alerta de que hay 26 controversias a punto de estallar, Conflictos llegan a 191, el número más alto de los últimos 12 meses, Defensoría advierte riesgo de que 24 conflictos sociales escalen, Defensoría alerta que podrían estallar 14 nuevos conflictos socioambientales, Hay 15 amenazas de conflictos socioambientales en 11 regiones, Defensoría advierte de 32 casos que pueden terminar en conflictos, "No hay criterio corporativo para manejar conflictos socioambientales en proyectos mineros", Antonio Brack: “Habría agitación socioambiental el 2014 por elecciones regionales”, Se elevan los conflictos sociales de 229 a 237. Durante la década de los ´50, ´60 y ´70 la ciudad de Lima vivió oleadas de migración procedentes de todo el país. Informe N° 003-2022-OGASA sobre Conflictos Socioambientales. El nuevo contexto reconfiguró el panorama de conflictividad del país. Sin embargo, haciendo un seguimiento a las respuestas del Estado frente a la conflictividad social, y en particular frente a la conflictividad socioambiental minera, observamos que esta fue por lo general de tendencia reactiva más que preventiva y proactiva, y dio signos de una gestión pública sobrepasada y desarticulada a nivel horizontal, intra gubernamental (entre sectores del Gobierno Nacional), y vertical, inter gubernamental (entre el nivel nacional y los gobiernos regionales y locales). Según la Defensoría del Pueblo, hasta noviembre del 2022, en el país hay 221 conflictos sociales, de los … Así mismo, el corredor minero fue bloqueado desde las primeras horas del día, siendo los principales puntos de bloque el puente amistad y puente San Martin. Evolución Socioeconómica del Perú 1990-2010. http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/997DD9A6365FC18805257D8F0061B2CC/$FILE/1_pdfsam_evolucionsocioeconomicadelperu.pdf. Finalmente, en marzo de 2017, y luego de años de discusión entre los actores vinculados a los procesos de conflictividad en los que se planteaba la necesidad de contar con una arquitectura institucional de mayor peso político y rango institucional, se crea el Viceministerio de Gobernanza Territorial, como una nueva estructura en la Alta Dirección, a la que se integra la Dirección Nacional Técnica de Demarcación Territorial (DNTDT) y la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad (ONDS), ocupando así un segundo nivel en la jerarquía de la PCM, luego de la oficina del Premier. https://elcomercio.pe/opinion/colaboradores/el-uso-de-la-palabra-por-rolando-luque-mogrovejo-noticia/?ref=ecr, Ministerio de Energía y Minas. En un país tan diverso y pluricultural como el Perú, es muy difícil ejecutar políticas en las que todo el ... En el Perú hay al momento un registro de 193 conflictos sociales (138 activos y 55 latentes) de acuerdo al ... CooperAcción presentó, en un evento público a través de la plataforma Zoom, el geoportal 'Geografías en Conflicto', cuyo objetivo es ... En su reciente reporte de Conflictos Sociales correspondiente al mes de julio de este año, la Defensoría del Pueblo registró ... La Defensoría del Pueblo presentó el Reporte de Conflictos Sociales N° 191, correspondiente a enero del 2020, el cual da ... Luego de la exposición ante la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República del presidente de Perupetro, ... Autoridades del Ministerio del Ambiente (Minam) se reunieron con funcionarios y especialistas técnicos de distintos ministerios y organismos a nivel ... El pasado 16 de mayo, gracias a las gestiones de la Oficina de Asesoramiento de Asuntos Sociambientales (OAAS) del Ministerio ... Aunque es holandesa, conoce muy bien los problemas y conflictos sociales derivados de la pequeña minería en países como Perú, ... La Defensoría del Pueblo dio a conocer el día de hoy el Reporte de Conflictos Sociales N° 110, correspondiente al ... En el año 2007 se trasladó el Botadero Municipal del Km. Por ello, encontramos relevante la necesidad de empezar señalando este histórico proceso de conflictividad que, no obstante haber culminado hace dos décadas, se encuentra vivo en el inconsciente colectivo y muy poco presente en el análisis y la reflexión de los conflictos socioambientales mineros en el Perú. Es en 2009 que la PCM, frente al aumento de conflictos, asume la iniciativa de impulsar una más amplia institucionalidad para la gestión de los conflictos. Según un estudio realizado por la Adjuntía para la Prevención de Conflictos y la Gobernabilidad (2019), analizando el período 2008-2017, los conflictos aumentaron durante la crisis internacional, sin que ello implique relación de causalidad, y luego de la recuperación económica, el comportamiento conjunto de la tasa de crecimiento del PIB y el de los conflictos sociales fue similar. Descarga el reporte del segundo semtesre del 2022 aquí Desde el anterior informe del OCM, hemos venido sosteniendo que la conflictividad social en el Perú ha … En la tercera parte se plantean algunos logros y, finalmente se registran las principales conclusiones. Este es un dato que grafica las inequidades y desigualdades sociales expresadas en los conflictos y la participación en el diálogo para la toma de decisiones. Otro dato significativo es que los principales participantes como actores primarios son las empresas extractivas, las comunidades campesinas (forma de organización comunitaria mayormente ubicadas en zonas altoandinas, donde se desarrolla la actividad minera principalmente), los gobiernos locales y los frentes de defensa; y, que en el 78.5 por ciento de los casos donde participaron actores con lengua distintas al castellano (31.8 por ciento del total de procesos de diálogo) fue el quechua. Así, de los 546 conflictos sociales que ocurrieron entre el 2009 y el 2015, se recurrió al diálogo en el 54,8 por ciento de los casos (299). 22 Feb 2021 1:00 h. Mientras los peruanos enfrentamos la pandemia de coronavirus, la corrupción de funcionarios del Estado, el incremento de la delincuencia y el crimen organizado, hay otros problemas que se asoman sigilosamente. Estas no cuentan con el nivel de autonomía en la gestión de gobierno que tienen los estados federales. En la segunda parte, se desarrollan las acciones preventivas. Tasa de Crecimiento del PBI vs. el número de conflictos sociales y conflictos socioambientalessegún el estado del conflicto y la tasa de crecimiento del PBI 2008-2017. Este tipo de respuesta estatal llegó a producir afectaciones a los derechos de ciudadanos en la protesta, pero también a la integridad física de los policías como en los casos emblemáticos de Bagua y Tía María, en los que murieron a manos de personas que protestaban. Se agudizó, asimismo, la desconfianza en el Estado como garante y promotor de derechos en igualdad (la frustración de la inacabada promesa republicana). Una paralización prolongada de las operaciones en Las Bambas disminuirá las utilidades de la mina y hará que la empresa vuelva a los tiempos en que no desembolsaba canon, además de poner en riesgo futuras inversiones mineras en el país. (2014) señala que el Ministerio del Interior informa que tiene registrado 8,956 acciones de protesta en el país en las que habrían participado más de tres millones de personas. La comunidad campesina señala que los botaderos afectan el medio ambiente y fueron instalados en su territorio sin el permiso de la comunidad; en el segundo, … http://www.minem.gob.pe/_publicacion.php?idSector=1&idPublicacion=524, Zapata, I. Esto implicó no solo una curva epidemiológica, sino también de aprendizaje frente al nuevo escenario y sus impactos. Los funcionarios encargados de las áreas de gestión social de las empresas, las oficinas de prevención y gestión de conflictos del Estado como de la sociedad civil, están encontrándose en diálogos virtuales a fin de analizar y reflexionar cómo abordar este nuevo escenario de la nueva normalidad. Involucra lo público en tanto espacio de interés común. El caso del Moqueguazo, en junio del 2008, con la paralización de Moquegua, región al sur del país, demandando mejor distribución del Canon Minero por la producción del yacimiento de Cuajone a cargo de la minera Southern, empresa de presencia histórica en la región, además, por la fundición y refinería en la ciudad costera de Ilo, zona con antecedentes de conflictividad laboral y ambiental por más de 50 años. Asimismo, las principales empresas productoras de plata Buenaventura, Volcan, Antamina, Minera Suyamarca, Minera Ares y Chungar (Ministerio de Energía y Minas, 2011). No hay un mediador/ra con capacidad para sostener y resolver un conflicto de alta intensidad y complejidad emocional durante un tiempo prolongado en los que se necesita grandes inversiones y esfuerzos de energía personal. Una aproximación metodológica a las dimensiones económicas, sociales e institucionales del conflicto social en el Perú. La etapa de transición entre el fin y el post conflicto armado, estuvo caracterizada por el conflicto político relacionado a la recuperación de la institucionalidad democrática, quebrada con el autogolpe de Estado en 1992 por el régimen de Alberto Fujimori, así como por las demandas sociales que empezaron a emerger luego de años de haber sido suprimidas y embalsadas por el autoritarismo. Escrito por Marcelo Rochabrún, corresponsal de Reuters en Lima, mencionaba una reducción anual de 41% en la producción de Las Bambas para el mes de abril. El diálogo y la comunicación serán más fluidos como constructivos. En el Perú, los conflictos han crecido en los últimos años de manera más intensa, duradera y con agendas más complejas, han movilizado cada vez a mayor cantidad de personas quienes se perciben afectadas o excluidas por la actividad, el 50% de los casos reportados por la Defensoría del Pueblo (2005) fueron categorizados como socioambientales, de los cuales alrededor del … Informe da cuenta que se incorporaron al listado cinco controversias nuevas, d... La cifra actual supera en seis a la que se registró el mes pasado. En la primera parte se presentan los avances en los espacios de diálogo. Los conflictos sociales, que en 2004 eran 93 y en 2010 ya eran 362, recién es en 2012 que el Gobierno Nacional cristaliza una institucionalidad a la altura del desafío tomando en cuenta la experiencia previa. publimetro.pe| En una nota más positiva, este año los apurimeños recibirán S/314.5 millones por el tan aclamado canon minero, el primero que desembolsa la compañía y equivalente al 50% del pago del Impuesto a la Renta. En la tercera parte, se plantean los principales logros, y conclusiones, además de los casos priorizados por MINAM, OEFA y Senace. Asimismo, existen otros espacios de diálogo multiactor desde donde se abordan agendas públicas de fondo más allá de los espacios de resolución de conflictos sociales a nivel local, como la Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas (EITI), el Grupo de Trabajo de Empresas y Derechos Humanos, y el Grupo de Diálogo Minería y Desarrollo Sostenible, siendo esta última la plataforma de diálogo multiactor pionera, no solo en el Perú, sino también en Latinoamérica en el ámbito de la minería. Con información de: Defensoría del Pueblo. (2014), las autoridades de nivel subnacional al no tener competencia legal sobre la gran minería, adoptan posiciones ambivalentes en función de las circunstancias políticas locales. Además, señala que se ha constatado en la casuística que la voluntad de diálogo marcó la diferencia en el avance del proceso y el desenlace del conflicto mediante acuerdos. La seguridad informática: ¿podemos distinguir entre la realidad virtual y física? Democracia y participación, ¿fuerza legitimadora del poder? A junio de este año, todos los departamentos del Perú reportan al menos una incidencia. Los que indicaron que la población tiene responsabilidad en el origen del conflicto afirmaron que estas tienen temor que las empresas contaminen o afecten sus tierras, ganado o salud, que tienen modelos de desarrollo opuestos a las empresas y que se opone a cambios en su cultura y tradiciones. Desde este espacio fue impulsada la Ley de Consulta, que sería promulgada por el presidente Humala como uno de sus primeros actos de gobierno. Y presenta una serie de lecciones como desafíos en el contexto de la pandemia del Covid-19. Los costos del conflicto social. A mayor número de actores sociales, más compleja la gestión de las tensiones internas que se expresan en competencias por el liderazgo de la agenda del conflicto. Esta corriente subterránea en la psique colectiva de la sociedad es una fuerza que, como en la novela Los ríos profundos de Arguedas, permea las relaciones sociales y culturales, configura en el trasfondo los discursos políticos y económicos, moldea las instituciones y sus prácticas, y conspira contra posibilidad de encontrar un imaginario social compartido desde donde se haga posible construir sobre bases firmes una convivencia social pacífica, justa y democrática. La Defensoría del Pueblo informa que hay 11 conflictos socioambientales activos que tienen como uno de los actores primarios a la minera Las Bambas: siete en Apurímac y cuatro en Cusco. El presente informe desarrolla los avances en la prevención y gestión de la conflictividad socio ambiental del MINAM al mes de noviembre de 2021. El MINAM ha priorizado la atención de 39 casos, teniendo en cuenta la incorporación de un nuevo caso, como el Grupo de Trabajo Multisectorial encargado de formular la propuesta de Plan de Intervención para la Zona de Atención Especial, en la provincia de Chumbivilcas (Cusco), y el archivamiento de otro. Durante el cuarto mes del año surgieron cuatro nuevos conflictos y 220 acciones colectivas de protestas. Ello a pesar de contar con normas y manuales para el respeto de los derechos humanos. En la otra mitad de casos, el diálogo no se realizó porque ninguna de las partes manifestó su voluntad o porque no lo hizo alguna de ellas. En el primero la población … Por su lado, la Defensoría del Pueblo a través de la Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y Gobernabilidad, además de su intervención en conflictos sociales, cuenta con el Sistema de Monitoreo de Conflictos Sociales (SIMCO) que alertar sobre el estado de los conflictos sociales. Estas últimas están agrupadas en diversas plataformas como Propuesta Ciudadana, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y en la Red Muqui. El MTC emitió un comunicado en febrero donde informa que esta obra, con un avance del 12%, beneficiará directamente a 650 mil habitantes. Proyecto Alianzas para el Diálogo: Prevención de conflictos socia­les en el uso de recursos naturales, Centro Regional para América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). La segunda ola del coronavirus: Una mirada a Europa y lo que le espera a Latinoamérica. En relación con los actores de los conflictos socioambientales mineros, estos tienen como actores primarios a las empresas mineras y las comunidades campesinas altoandinas de los entornos de los proyectos (tanto en el denominado ámbito de influencia directa como en la indirecta), con el involucramiento y apoyo de las autoridades locales y regionales a medida que el conflicto se desenvuelve en un proceso de escalada y expansión territorial. Los conflictos sociales en nuestro país sumaron cinco nuevos casos en enero de 2022. Es igualmente interesante notar que en la evaluación de los encuestados, el mejor desempeño y la preparación en los procesos de diálogo es el de la sociedad civil, ya sea a través de las ONGs, las iglesias y las universidades, además de la propia Defensoría del Pueblo. Son conflictos de múltiples actores (colectivos, individuales, inter e intragrupal) y múltiples asuntos en conflicto. 1.5 al 30.5 de la Carretera Iquitos-Nauta. La transformación del conflicto boliviano de 2019. En estas circunstancias de crisis con potencialidad de acciones destructivas y riesgo a la gobernabilidad democrática es que los conflictos cobran visibilidad y preocupada atención del Estado. La causa, que aparece en el “Boletín Estadístico Minero abril 2022”, tiene nombre y apellido: la paralización anunciada el 18 de abril por MMG. Existen 88 mesas de diálogo. El conflicto empezó a manifestarse en 2008, cuando las organizaciones indígenas amazónicas solicitan la derogación de una serie de decretos legislativos que consideraban afectaría sus derechos a la consulta, la tierra y el territorio, para favorecer la inversión privada que, según los voceros del gobierno, eran fundamentales en el marco del Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos y para promover el desarrollo. Esto llevó a Las Bambas a emitir un comunicado cuatro días más tarde en que anunciaba que suspendería sus operaciones indefinidamente a partir del 20 de abril. Otro hito fue el caso del llamado Arequipazo. Primero emitió una directiva fomentando la conformación de equipos especializados en conflictividad en los ministerios, y dos años después, en 2011, dispuso que estos cuenten con estas oficinas dependientes del Despacho Ministerial, es decir, del más alto rango. Otra exigencia de los actores sociales era que la empresa minera Xtrata-Tintaya elevara del 3 por ciento al 30 por ciento sus aportes voluntarios por utilidades anuales, además de demandas respecto a la remediación ambiental de pasivos mineros. Microeconomía, políticas sociales, brechas salariales, informalidad, estructura de capitales, finanzas, sostenibilidad, innovación, emprendimiento, gestión; son algunos de los temas que podrás encontrar en este espacio.